En un interesante artículo del Diario Extra de Costa Rica, el Sociología y experto en sostenibilidad ambiental José Pablo Méndez de esa nación centroamericana,  da a conocer la situación derivada del uso del agua potable, su manejo y las dificultades que acarrea consigo, en uno de los países más pequeños de América Latina pero dotado de una biodiversidad considerada dentro de las más ricas del mundo, donde el elemento agua resalta notablemente y con una lógica, según el autor, de considerarlo un valor superior dentro de la línea de los derechos humanos.

Vivimos un momento global decisivo, donde hay urgencia de cambiar nuestro estilo de vida. El agua es un recurso clave que compartimos, y su estado es de extrema fragilidad, debido a la contaminación y un consumo excesivo, en la actualidad, requiere la aparición de nuevos enfoques para su gestión.En Costa Rica el porcentaje de población con servicio de agua de calidad potable es alto, para 2013 alcanzó el 92,8% y un 75% con control de calidad, según datos del Laboratorio Nacional de Aguas.

Sin embargo la explosión de la demanda de agua potable, relacionada con el crecimiento demográfico, la urbanización y la diversificación de las actividades económicas, aumentó la competencia entre sus diversos usuarios, lo cual trajo consigo la aparición de conflictos, “entre el año 2000 y 2010 se registraron 134 protestas por el acceso al agua”, según un informe del proyecto Estado de la Nación (El País, 2014/10/14).

La aparición de conflictos en el tema hídrico tiene desarrollos múltiples, sin embargo la mayoría cumplen condiciones similares, “por acumulación de malestares o por la situación de una estación seca crítica, los conflictos sociales que trascendieron la esfera de los Tribunales y pasaron a un escenario más visible (Estado de la Nación, 2014)”.

En otros casos, elementos cotidianos precipitan el malestar en la realidad sociohistórica y sus desigualdades económicas, “la imagen de verdes campos de golf en hoteles de la turística Guanacaste no alcanza a ser aceptada por poblaciones que reciben apenas gotas (El País, 2014/10/14)”.

En primera instancia, para superar esta conflictividad, el acceso al agua potable corresponde a garantizar que las generaciones presentes y futuras se vean beneficiadas en condiciones óptimas, “mientras las aguas corran por sus cauces naturales y públicos… todos podrán usar de ellas para beber, lavar ropas, vasijas y cualesquiera otros objetos, bañarse y abrevar o bañar caballerías y ganado, con sujeción a los reglamentos de policía” (Ley de Aguas, 1942).

Segundo, la naturaleza vital de este recurso conlleva que las soluciones a los conflictos del acceso al agua superen el umbral de lo jurídico-administrativo estrictamente, proyectándose en términos de participación y derechos humanos. El agua, como bien común, demanda una forma diferente de la estructuración de su manejo, el de universalidad de la cantidad y calidad, que devuelve la idea de la justicia y la igualdad, y como tal encuentra su alcance ético y político más completo.

En este sentido, la comunidad internacional ha establecido una prioridad, mejorar el abastecimiento de agua y saneamiento con el fin de garantizar respeto por los valores humanos fundamentales. El acceso al agua potable puede contribuir en gran medida a la satisfacción de las necesidades básicas de las poblaciones. Todo el mundo está de acuerdo en que el derecho al agua, establecido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (2002), señala que el acceso a agua de calidad potable es “indispensable para llevar una vida digna” y es una “condición requisito previo para la realización de otros derechos humanos”, incluso el de superación de las condiciones de pobreza.

Tercero, este discurso de reconciliación necesita músculo político-técnico, donde articule la pluralidad de actores, a la luz del marco de la acción política. Más específicamente, una distinción analítica entre las poblaciones de las áreas involucradas en la generación-preservación del agua, su participación en los beneficios de la distribución, las responsabilidades y derechos de las poblaciones usuarias. Esta gestión, en concreto, va encaminada hacia un mejor control de la demanda de agua y la mejor orientación de su uso, a través de la aplicación de los instrumentos y la difusión de técnicas de ahorro de agua, especialmente cuando sus usuarios sean industriales o de carácter extensivo.

Finalmente, el agua potable es un elemento que permite el surgimiento de un enlace de solidaridad, utilizando las categorías de proximidad social, “es precisamente en el nivel de lo local, en el ámbito de lo cotidiano, donde se ejercen los derechos ciudadanos, donde la gestión de bienes y servicios implica una relación directa entre la burocracia local y los usuarios, donde se pone a prueba la democracia territorial, donde la participación social puede incidir en el diseño e implementación de las políticas públicas (Arocena, 1995)”.

Distinguiendo esta gestión participativa en la proximidad geográfica (pertenecientes a la misma cuenca), en la organización (reglas de intercambio, conocimiento, lugares de interacción) y la proximidad cognitiva (representaciones de intercambio e intereses). Los conceptos a menudo se utilizan de forma simultánea, especificando las prácticas locales y la expresión de una identidad territorial.

El agua pasa a través de umbrales, crea paisajes y define nuevas unidades. Hacer visible la infraestructura no es tan difícil. Lo realmente complicado es representar lo invisible, a fin de crear un sentido de responsabilidad.

* Gestión Socioambiental

pablomendezs@gmail.com

|Miercoles 23 Diciembre, 2015